Recientemente, diecisiete familiares de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron trasladados a Estados Unidos. Este hecho fue confirmado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, durante una entrevista con medios locales, y ha desatado especulaciones respecto a un posible acuerdo judicial que Ovidio Guzmán podría estar gestionando con las autoridades de Estados Unidos.
Según García Harfuch, aunque estas personas no tienen órdenes de aprehensión en México, su movimiento coincide con un cambio significativo en el proceso judicial del caso de Ovidio Guzmán ante una corte federal en Nueva York, donde se espera que Ovidio cambie su declaración de inocencia.
El defensor de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, confirmó a CNN que se están llevando a cabo negociaciones para una posible declaración de culpabilidad, pero negó que la familia de su cliente esté involucrada en dichas negociaciones.
Las Negociaciones de Ovidio Guzmán con el Sistema Judicial Estadounidense
“No hay nada en nuestras negociaciones que involucre a la familia de Ovidio. La familia no será parte de ningún acuerdo de culpabilidad”, declaró Lichtman a CNN.
CNN también informó que no se tiene conocimiento del paradero de los familiares transferidos ni si han sido integrados en un programa de protección de testigos en Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su inquietud por la falta de información oficial sobre el traslado de estos familiares y criticó las acciones del gobierno estadounidense en este asunto.
En una conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó que Estados Unidos negocie con organizaciones que ha clasificado como terroristas, refiriéndose a los cárteles de la droga.
“Ellos deciden clasificar a algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, que informen si existe algún acuerdo”, señaló. Además, enfatizó que México debería ser notificado, ya que los implicados son ciudadanos mexicanos y uno de ellos ya fue extraditado anteriormente.
Este traslado de familiares se sitúa en un contexto de tensiones históricas entre México y Estados Unidos en temas de cooperación antinarcóticos. En 2019, el gobierno mexicano, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, liberó a Guzmán López tras el fallido operativo conocido como “Culiacanazo”.
Razones Detrás del Traslado de la Familia de Guzmán López a Estados Unidos
Samuel González, exfiscal antidrogas de México, considera que este traslado podría formar parte de las condiciones del acuerdo judicial que Ovidio estaría negociando con los fiscales estadounidenses.
En declaraciones a CNN, González explicó que el traslado fue voluntario y que las personas implicadas no enfrentan cargos en México, lo cual impide la intervención del gobierno mexicano. Según él, la protección a los familiares podría estar motivada por los riesgos derivados de las posibles declaraciones de Guzmán López y su hermano.
Este caso también ha generado especulaciones sobre el potencial impacto que la cooperación de Guzmán López podría tener en la estructura del Cártel de Sinaloa. Según Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Guzmán López podría ser un testigo crucial contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel, quien está bajo custodia en Estados Unidos.
Vigil afirmó que Guzmán López podría aportar información sobre rutas de tráfico de drogas, el origen de precursores químicos de China, y nombres de operadores clave, entre otros datos. No obstante, el abogado de Guzmán López rechazó estas afirmaciones, señalando que Vigil no tiene conocimiento directo del caso.
Simultáneamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de cargos contra dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo relacionado con el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.
Este es el primer caso en el que el gobierno estadounidense presenta este tipo de cargos contra presuntos colaboradores del cártel, según un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.
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