El problema del alquiler de viviendas es un fenómeno global que se espera ocupe una parte significativa de la agenda para 2025. Ejemplos de esta situación sobran: en Madrid, algunos inquilinos han llegado a aceptar pagos de hasta 1.400 euros mensuales (aunque el promedio es de 1.600), en Hong Kong, la gente vive en espacios extremadamente reducidos, y en Estados Unidos, la inteligencia artificial está gestionando el mercado. Esto solo resalta las dificultades que normalmente enfrentan los arrendatarios, por lo que lo ocurrido recientemente en Nueva York marca un hito importante.
Una indemnización sin precedentes. Blackstone, una de las principales compañías de inversión inmobiliaria del mundo, ha sido condenada a pagar cerca de 15 millones de dólares a más de 100 arrendatarios del complejo de apartamentos Parker Towers en Queens, Nueva York.
¿El motivo? Esta cifra, que incluye compensaciones de hasta 100.000 dólares por hogar, responde a una demanda colectiva interpuesta en 2018 contra la empresa Jack Parker Corporation, antigua propietaria, y Blackstone, que adquirió el edificio ese mismo año. Los inquilinos denunciaron cargos excesivos en sus alquileres, pese a estar regulados bajo un sistema de renta estabilizada tal como se estipuló en sus contratos.
Antecedentes de una resolución histórica. Parker Towers cuenta con más de 1.300 apartamentos y se benefició de exenciones fiscales gracias al programa J-51, el cual exige mantener los alquileres regulados después de realizar renovaciones con los inquilinos. En otras palabras, no se podía incrementar el precio mensual acordado.
No obstante, una investigación encabezada por Housing Rights Initiative evidenció lo contrario. Se descubrió que varios apartamentos incumplieron estas normativas, lo que llevó a la demanda colectiva. Aunque Blackstone no admitió culpa, reconoció «sobrecargos previos» y se comprometió a resolver la situación. Asimismo, destacó que ha invertido 70 millones de dólares en mejoras del complejo, subrayando su compromiso con los inquilinos.
Relevancia e impacto del acuerdo. Aaron Carr, director de Housing Rights Initiative, resaltó en el New York Times que el acuerdo alcanzado no solo significa una justicia inédita para los inquilinos, sino que también representa un alivio económico crucial en una de las ciudades más costosas del mundo.
Este caso es uno de los acuerdos más grandes de este tipo en la historia de Nueva York y de todo Estados Unidos, y pone de relieve las dificultades que enfrentan los arrendatarios al responsabilizar a los propietarios en el sistema de renta estabilizada de la ciudad.
Funcionamiento de la “renta estabilizada”. Este sistema regula alquileres en ciertas ciudades como Nueva York, protegiendo a los inquilinos de aumentos desmedidos. Se busca así garantizar la accesibilidad de la vivienda, aplicándose a edificios construidos generalmente antes de 1974, estableciendo límites anuales al incremento que los propietarios puedan imponer, conforme a una junta reguladora de rentas.
Además, concede a los inquilinos derechos adicionales, como la renovación automática del contrato y protección contra desalojos injustificados. Los propietarios que se benefician de incentivos fiscales o subvenciones públicas, como para renovaciones, están a menudo obligados a mantener estas unidades bajo el sistema.
Retos del sistema. Con alrededor de un millón de apartamentos en este sistema, representando casi la mitad del mercado de alquiler en Nueva York, resulta esencial para garantizar viviendas asequibles. El problema radica en que muchos inquilinos desconocen sus derechos o cómo investigar irregularidades. Aunque el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria de Nueva York ha logrado recuperar 13.2 millones de dólares en sobrecargos en los últimos cinco años, numerosos expertos creen que el estado debería ser más proactivo en sus investigaciones.
Lecciones del caso. El acuerdo destaca las tácticas evasivas de algunos propietarios y la importancia de que los arrendatarios se informen sobre la historia de renta de sus apartamentos. Este caso también demuestra que es posible responsabilizar a los propietarios y recuperar derechos. De hecho, Blackstone ya había pagado más de un millón de dólares en 2019 a inquilinos actuales del complejo, y la nueva indemnización cubre a residentes pasados y presentes, calculada en función de la duración de la estancia y el monto del sobrecargo.
En resumen, este caso establece un precedente histórico en la lucha por la transparencia en el sistema de renta estabilizada, subrayando la necesidad de proteger a los inquilinos en una ciudad considerada extremadamente cara, donde los costos de vivienda no dejan de aumentar.
Imagen | PXHere
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