El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que, a partir de la semana entrante, ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos.
Además, se implementarán restricciones adicionales para los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela que intenten entrar al país.
La Casa Blanca ha explicado que esta acción se ampara en la Orden Ejecutiva 14161, promulgada el 20 de enero de 2025, titulada “Protegiendo a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.
En un comunicado, la Casa Blanca citó a Trump afirmando: “Restauraremos la prohibición de viaje, denominada por algunos como la Prohibición de Viaje de Trump, manteniendo fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales, como lo ha avalado la Corte Suprema”. Durante su primer mandato, Trump implementó una medida equivalente que fue respaldada por el máximo tribunal, el cual reconoció que la restricción se sustentaba en “propósitos legítimos”.
Trump expresó en un mensaje de video que “el reciente ataque terrorista en Boulder (Colorado) subraya los peligros extremos de permitir la entrada de extranjeros que no han sido debidamente investigados”.
En enero de 2017, Trump emitió una orden ejecutiva similar, restringiendo la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
La Casa Blanca ha especificado que esta proclamación incluye excepciones para residentes legales, titulares de visados vigentes, ciertas categorías de visados y personas cuya entrada sea de interés nacional para Estados Unidos.
La administración Trump defiende que proteger a la población estadounidense requiere medidas para impedir el ingreso de individuos que puedan representar una amenaza.
La proclamación se fundamenta en el precedente legal establecido en el caso Trump v. Hawaii, donde la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autoridad presidencial para limitar el ingreso de extranjeros según la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El tribunal determinó que tales restricciones se encuentran dentro de la autoridad presidencial y responden a “propósitos legítimos”.
La Casa Blanca justificó la decisión para cada país, explicando que Afganistán carece de una autoridad central para emitir documentos y mecanismos adecuados de control. Según el informe de 2023, el 9.70% de los titulares de visados de negocios o turismo (B1/B2) y el 29.30% de los estudiantes y visitantes (F, M, J) de Afganistán excedieron su periodo autorizado en Estados Unidos.
En Birmania, las cifras de permanencia irregular son del 27.07% en B1/B2 y 42.17% en F, M y J, además de la falta de colaboración en repatriaciones. Chad mostró una tasa del 49.54% en B1/B2 y del 55.64% en F, M y J para 2023, una indicación del desinterés por cumplir con las leyes migratorias estadounidenses.
La República del Congo tiene tasas del 29.63% en B1/B2 y 35.14% en F, M, J. Guinea Ecuatorial marca un 21.98% en B1/B2 y 70.18% en F, M, J. En Eritrea, la falta de acceso a antecedentes penales y negativa a repatriar se suma a tasas del 20.09% en B1/B2 y 55.43% en F, M, J.
Haití presentó un 31.38% de permanencia irregular en B1/B2 y 25.05% en F, M, J. La Casa Blanca destacó que durante la administración de Joe Biden, ingresaron de manera ilegal cientos de miles de haitianos, lo que incrementó amenazas relacionadas con redes criminales y seguridad nacional.
Irán es categorizado como patrocinador del terrorismo y no coopera en seguridad ni repatriación. Libia carece de autoridad central y los riesgos son agravados por la presencia de grupos terroristas.
Somalia, según la administración Trump, no controla su territorio ni dispone de mecanismos de verificación adecuados y es identificado como refugio de grupos terroristas. El país tampoco ha aceptado la repatriación de sus nacionales.
Sudán y Yemen también carecen de autoridades centrales competentes y sistemas de control efectivos. Sudán presentó tasas de 26.30% en B1/B2 y 28.40% en F, M, J. Yemen está involucrado en operaciones militares estadounidenses desde enero de 2025.
En cuanto a los países con restricciones parciales, Burundi muestra un 15.35% en B1/B2 y 17.52% en F, M, J. Cuba, considerado patrocinador del terrorismo, no comparte información policial suficiente y se resiste a repatriar nacionales, con tasas de 7.69% en B1/B2 y 18.75% en F, M, J.
Laos tiene un 34.77% en B1/B2 y 6.49% en F, M, J, sin colaboración en repatriación. Sierra Leona presenta cifras de 15.43% en B1/B2 y 35.83% en F, M, J. Togo marca un 19.03% en B1/B2 y 35.05% en F, M, J. Turkmenistán reporta un 15.35% en B1/B2 y 21.74% en F, M, J. Venezuela carece de mecanismos de control adecuados y se rehúsa a repatriar nacionales, mostrando un 9.83% de permanencia irregular en B1/B2.
La Casa Blanca sostiene que la elección de los países y la severidad de las restricciones buscan fomentar la cooperación y mejorar los sistemas de control y verificación, siendo algunos casos agravados por la presencia significativa de grupos terroristas o patrocinio estatal de terrorismo.
La nueva proclamación amplía y actualiza la política previa, evaluando riesgos actuales en control, verificación y amenazas a la seguridad. La medida aspira a asegurar que quienes soliciten entrar a Estados Unidos no representen un peligro y se alinea con la responsabilidad presidencial de proteger los intereses nacionales y la seguridad pública.
El gobierno estadounidense argumenta que la falta de cooperación en verificación de identidad, intercambio de información sobre amenazas y aceptación de deportados por parte de algunos países complica la gestión migratoria y la seguridad interna. Además, la presencia de organizaciones terroristas o patrocinio estatal del terrorismo en ciertos países refuerza la necesidad de restricciones.
La proclamación, según reportes de la Casa Blanca, es una herramienta para fortalecer la seguridad fronteriza, fomentar la cooperación internacional y asegurar sistemas de control migratorio eficaces ante los desafíos actuales. Las restricciones se mantendrán hasta que los países afectados demuestren mejoras en sus procesos de verificación y cooperación.
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