El proyecto Castor: De una gran apuesta energética de España a ser desmantelado por partes

España ha sido siempre sensible a las preocupaciones relacionadas con el gas natural. Hace más de 15 años, sus principales proveedores eran Argelia y Rusia, lo que llevó al Estado a promover el proyecto Castor para lograr la independencia energética. Aunque esta iniciativa prometía enfrentar desafíos energéticos y reducir la vulnerabilidad del país, un estudio demostró que la inyección de gas en 2012 causó los terremotos en Castellón, lo que llevó a la clausura del proyecto un año después por orden ministerial. Actualmente, el Gobierno optó por venderlo por piezas.

Contextualizando. El proyecto Castor fue lanzado bajo el gobierno de Zapatero y continuado por el de Rajoy, siendo la constructora ACS, controlada por Florentino Pérez, la encargada de ejecutarlo. La gestión estaba a cargo de la concesionaria Escal UGS, una filial de ACS. Una asociación ciudadana ha detallado cronológicamente este caso en sus denuncias.

La propuesta inicial. Castor era un almacén submarino de gas natural, localizado frente a la costa de Castellón, diseñado para almacenar gas en un yacimiento submarino a 1,700 metros de profundidad. Tenía una capacidad de almacenamiento de alrededor de 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas, e incluía una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros y una planta en Vinaròs.

Los problemas emergen… ¿Los terremotos fueron el único motivo del cierre? No exactamente. Como detalla ElDiario.es, el proyecto enfrentó múltiples desafíos desde sus inicios. Temas como su rentabilidad, el impacto ambiental y la poca necesidad planteada originalmente debido a la capacidad de las regasificadoras en España, dificultaron su implementación. Ante esta situación, se buscó vender el proyecto con el fin de encontrar una solución económica. Sin embargo, no se halló salida, y finalmente ACS optó por abandonar, iniciándose el desmantelamiento.

Una década después del fiasco. Diez años han pasado y el Proyecto Castor sigue simbolizando un fracaso económico multimillonario. El almacén submarino construido por ACS frente a las costas de Castellón y Tarragona nunca alcanzó su capacidad operativa total. El resultado fue una infraestructura inservible y una carga financiera que ha recaído en los contribuyentes, acompañada de numerosos litigios sin que se identifiquen responsables.

Un cierre definitivo. Según informan diversos medios, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que en mayo comenzará el desmantelamiento del almacén submarino, tras sellar los trece pozos. Además, se intentará vender lo que pueda recuperarse del proyecto para minimizar las pérdidas, estimadas en 260 millones de euros.

El origen de la cifra. Todo comenzó con el gobierno de Rajoy en 2014, cuando se aprobó una indemnización exprés de 1.350 millones de euros para ACS mediante un real decreto-ley. Esta compensación, prevista a pagarse en 30 años a través de la factura del gas, fue declarada inconstitucional en 2017, suspendiendo los pagos a las entidades financieras. Como resultado, el Estado se endeudó para indemnizar a la banca.

Inicio de litigios. Durante estos años, las instalaciones han demandado más de 100 millones de euros desde el abandono del proyecto por Escal UGS hace más de 11 años. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha ordenado a Escal UGS, controlada por ACS, devolver 209,7 millones de euros cobrados entre 2014 y 2017, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló los pagos. Está por verse si cumplirán con esta obligación, dado que Escal UGS está en concurso de acreedores desde 2019. En 2021, la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y sus directivos de un delito ambiental, evidenciando la falta de responsables.

Un ejemplo de socialización de pérdidas. El Proyecto Castor es un paradigma de «socialización de pérdidas», donde los contribuyentes asumieron las consecuencias del fracaso, mientras las entidades financieras, que anticiparon dinero esperando cobrarlo con intereses durante 30 años, fueron compensadas por el Estado. Pese a las controversias, ACS se benefició de la indemnización, aunque su presidente, Florentino Pérez, manifestó que el proyecto fue una «desgracia», representando solo el 1% de la facturación de ACS.

Un error legislativo de grandes proporciones. Tal como señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este caso ha sido uno de los más costosos en el sector energético, englobando más de la mitad de las indemnizaciones pagadas por el Estado recientemente. Este episodio subraya la necesidad de realizar evaluaciones más exhaustivas sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos, especialmente cuando hay riesgos geológicos o impactos en comunidades locales. Además, destaca la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de recursos públicos.

Imagen | Zarateman y AlbertoDV

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