Este martes 25 de marzo, dos hombres enfrentaron un proceso judicial en casos separados tras amenazar de muerte a sus esposas durante altercados familiares en sus respectivos hogares.
Los acusados, residentes de los distritos de Soyapango e Ilopango en San Salvador, deben ahora seguir medidas de conducta dictadas por los tribunales para evitar una sentencia de prisión bajo cargos por amenazas.
Ambos casos, que se trataron en los juzgados de Paz, compartieron como factor común la falta de tolerancia y control sobre la ira por parte de los involucrados.
Amenazas por sobrealimentar a una mascota
En el primer caso, el Juzgado Primero de Paz de Soyapango procesó a Rudis Wilfredo A., de 39 años, quien fue acusado por la FiscalÃa General de la República por amenazar a su esposa, de 37 años.
La acusación señala que el incidente ocurrió el martes 18 de marzo en su domicilio del reparto San Fernando, en Soyapango. La disputa surgió cuando la hija del matrimonio, de 13 años, alimentó en exceso a la mascota de Rudis Wilfredo A., provocando su enojo y amenazas hacia su esposa e hija. Ante la preocupación por su seguridad, la esposa contactó a la PolicÃa Nacional Civil, resultando en la detención en flagrancia del imputado.
Durante la audiencia inicial, la jueza le ordenó a Rudis Wilfredo A. mantenerse alejado de la vÃctima, desalojar la vivienda, abstenerse de amenazas y pagar una multa.
Los Centros Judiciales informaron que el caso se transferirá a un juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
Amenazas con intención suicida
En un segundo caso, el Juzgado de Paz de Ilopango procesó a Walter Italmir R. R., de 56 años, por amenazar a su esposa, Roxana Patricia S., de 57 años.
La FiscalÃa reporta que el altercado ocurrió el mismo 18 de marzo en la residencia del matrimonio en la colonia Santa LucÃa, Ilopango. Durante una acalorada discusión, Walter Italmir R. R. amenazó con matar a su esposa y posteriormente suicidarse.
Alertadas por los vecinos, las autoridades se presentaron y detuvieron al acusado en flagrancia.
En la audiencia inicial, el juez le impuso medidas cautelares, incluyendo el abandono del hogar compartido, su reubicación a una nueva dirección y la obligación de asistir a terapia psicológica para el manejo de la ira durante un año.
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