Desde la reforma laboral implementada en 2012, España ha seguido un criterio fijo para calcular la indemnización por despido improcedente. Recientemente, el Consejo de Europa ha reiterado su llamado a España para revisar este procedimiento, ya que no se alinea con los principios de la Carta Social Europea. Según el Consejo, las empresas se benefician de poder despedir a sus trabajadores con facilidad y a bajo coste, aun sin una causa justificada.
El organismo europeo subraya que en España los empleados no están debidamente protegidos frente a despidos injustificados. La previsibilidad del coste de la indemnización le resta eficacia disuasoria al despido. Además, la actual normativa no contempla el principio de proporcionalidad en el cálculo de compensaciones, lo que deberÃa reflejar el impacto real en el trabajador.
Nuevas advertencias desde Estrasburgo. En 2021, España ratificó la Carta Social Europea para sincronizar las polÃticas laborales a lo largo de la UE, comprometiéndose a seguir sus directrices. Aunque las resoluciones del organismo europeo no son legalmente obligatorias, España se comprometió a cumplirlas.
Según informaciones de El PaÃs, el pronunciamiento de Estrasburgo se originó en 2022 tras una reclamación del sindicato CCOO al Comité Europeo de Derechos Sociales, que se suma a una anterior de UGT resuelta en 2024. Ambas apelan a la necesidad de ajustar el sistema de indemnizaciones en España para cumplir con las directrices europeas. El organismo ha dado la razón al sindicato, apelando al gobierno para reformar el sistema vigente.
Normativa española de 2012. El Consejo de Europa critica que el sistema español para la indemnización por despido improcedente carece de justicia y reparación idóneas. Desde la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, los trabajadores reciben una indemnización de 33 dÃas de salario por año trabajado, con un máximo de 24 meses de salario, a diferencia del anterior sistema de 45 dÃas por año con un máximo de 42 meses.
El Consejo de Europa considera que este modelo no es disuasorio, favoreciendo a las empresas que pueden prever el coste de un despido, especialmente para aquellos empleados con menos tiempo en sus puestos.
Desde el sindicato han sido claros: «Es evidente que necesitamos abrir un diálogo y negociación en el Diálogo Social para ajustar nuestro marco protector de los trabajadores a las exigencias de la Carta Social Europea», informa El Plural.
Diferencias con el artÃculo 24. El núcleo del desacuerdo entre la Carta Social Europea y la actual legislación española se encuentra en la sección B del artÃculo 24 del documento europeo, que establece: «El derecho de los trabajadores despedidos sin causa válida a una indemnización razonable o a otra compensación adecuada».
Las resoluciones del Consejo de Europa señalan que el actual sistema español no cumple con los estándares de justicia y reparación adecuados, sugiriendo que las indemnizaciones se calculen individualmente por los tribunales, considerando las circunstancias de cada caso.
«Es esencial reforzar la función disuasoria y reparadora de nuestro sistema de indemnización en caso de despido injustificado y reintroducir la readmisión como medio reparador», expresaba CCOO en su comunicado al Consejo de Europa.
Medida temporal: acudir a la justicia. Mientras se espera que el Gobierno adapte su legislación a las recomendaciones europeas, la única opción para los trabajadores despedidos sin justificación es acudir a los tribunales para obtener una indemnización ajustada a la Carta Social Europea. No obstante, el Tribunal Supremo español ha mostrado reservas a esta solución, pues podrÃa entrar en conflicto con la normativa nacional, que consideran «apropiada», aunque dejan abierta la posibilidad de reinterpretarla según estándares europeos.
Según los últimos datos del informe ‘EstadÃstica de Despidos y su Coste’ del Ministerio de Trabajo y EconomÃa Social, la indemnización media por despido en 2023 era un 35% menor que en 2021, pese a un incremento del 34% en los despidos. Esto indica que, incluso resolviendo por vÃa judicial, las indemnizaciones no han aumentado como reparación, tal como sugiere Europa.
Imagen | Unsplash (Mika Baumeister)
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