La ProcuradurÃa General de la República (PGR) entabló una demanda civil este martes 7 de noviembre en contra del antiguo legislador y exalcalde de Santa Tecla por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto José d’Aubuisson MunguÃa, y su núcleo familiar por un supuesto enriquecimiento ilÃcito estimado en aproximadamente un millón de dólares.
La PGR presentó la solicitud ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla para que se ventile el caso de acumulación indebida de riqueza en contra del exservidor público, su esposa, Jackeline Janet López de d’Aubuisson, y sus hijos Roberto José d’Aubuisson López y Johanna d’Aubuisson López.
La cantidad exacta reclamada por la PGR en el caso de enriquecimiento ilÃcito de los D’Aubuisson es de $992,699.52.Â
La PGR señaló que a Roberto d?Aubuisson, descendiente del fundador del partido Arena, el mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta, «se le demanda en calidad de exdiputado titular por el departamento de La Libertad, empleo que desempeñó de mayo de 2012 a abril de 2015, y como alcalde municipal de Santa Tecla por dos lapsos consecutivos, comprendidos entre mayo de 2015 y abril de 2021».
El antiguo funcionario enfrenta 26 irregularidades en los depósitos en cuentas bancarias y los pagos de tarjetas de crédito por un monto de $480,851.01, según informó la PGR.
No obstante, su cónyuge, Jackeline Janet López d’Aubuisson, es señalada por manejar una suma mayor de dinero que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de López de d’Aubuisson, se le imputan 24 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales que ascienden a $513,428.64, afirmó la PGR.
Por otro lado, la PGR detalló que el hijo del exdiputado y exalcalde, Roberto José d’Aubuisson López, «no ha logrado justificar dos irregularidades por un total de $15,480».
La hija, Johanna d’Aubuisson López, «afronta una demanda por ocho inconsistencias que suman un total de $12,939.87», según la PGR.
El reclamo a nivel civil se basa en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que demuestra que el demandado, su esposa y dos de sus hijos no pudieron demostrar el origen lÃcito de dicho dinero.
«El objetivo de los fiscales es que esa suma sea reintegrada al Estado y además que se inhabilite al exfuncionario para ocupar cualquier puesto público durante 10 años», explicó la PGR.
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