Juramentación de Experto Contable en el Juicio de Enriquecimiento Ilícito contra Roberto d’Aubuisson y su Familia

El pasado lunes 10 de febrero, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla llevó a cabo la juramentación de un experto contable en el marco del juicio civil por enriquecimiento ilícito que enfrenta el exdiputado del partido ARENA, Roberto d’Aubuisson, junto a su esposa e hijos. Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR ha presentado 61 puntos de pericia contable ante la cámara, los cuales serán examinados por el perito con el fin de esclarecer el origen del dinero y el supuesto aumento injustificado del patrimonio de D’Aubuisson.

Según la acusación planteada por la FGR, sustentada en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Roberto d’Aubuisson y su familia habrían obtenido de manera ilícita un total de $992,699.52.

Conforme a los datos de la FGR, al exdiputado D’Aubuisson se le atribuyen 26 irregularidades relacionadas con depósitos bancarios y pagos con tarjetas de crédito, que suman $450,851.01. Su esposa, Jackeline Janet López de d’Aubuisson, enfrenta acusaciones por 24 irregularidades, las cuales ascienden a $513,428.64.

Por su parte, Johanna d’Aubuisson López, hija del exlegislador, es señalada por ocho inconsistencias que totalizan $12,939.87. En tanto, a su hijo Roberto José d’Aubuisson López se le imputan tres irregularidades no justificadas por $15,480.

Roberto d’Aubuisson es descendiente del fundador del partido ARENA, Roberto d’Aubuisson Arrieta, quien lideró dicha agrupación política hasta alcanzar el poder en la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República en 1989. Entre 1989 y 2009, cuatro presidentes de ARENA gobernaron El Salvador.

Las anomalías identificadas en el patrimonio de D’Aubuisson por la FGR corresponden a su último periodo como diputado de la Asamblea Legislativa por ARENA (2012-2015) y a sus dos mandatos consecutivos como alcalde de Santa Tecla (2015-2018 y 2018-2021).

En esta instancia, la FGR solicita que el exfuncionario devuelva los fondos al Estado y que, adicionalmente, se le prohíba ocupar cargos públicos por un período de 10 años.