LaLiga persiste en el bloqueo de IPs: ¿es legalmente justificable?

La confrontación entre LaLiga y Cloudflare ha escalado, y durante el último fin de semana, los bloqueos de sitios web, legítimos o no, no solo se han mantenido, sino que han aumentado. Sin embargo, surgen serias dudas sobre la legalidad de estas acciones, por lo que es pertinente analizar el respaldo jurídico con el que cuentan.

El contexto y la problemática. LaLiga ha implementado, en colaboración con las operadoras, bloqueos que impactan los servicios que Cloudflare ofrece. Estos bloqueos de IPs, que según LaLiga son dinámicos, buscan prevenir la transmisión ilegal de partidos de fútbol, pero están perjudicando a miles de sitios y servicios web legítimos. Esto sucede porque Cloudflare utiliza IPs compartidas, lo que provoca que al bloquear una, todos los sitios asociados a ella también queden bloqueados.

Los antecedentes. La industria de contenidos protegidos por derechos de autor lleva años intentando proteger su negocio con diferentes estrategias, incluidas modificaciones legales para minimizar, por ejemplo, la necesidad de intervención judicial. Ejemplo de esto es lo que ocurrió con la Ley Sinde.

Artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual. Javier A. Maestre, de Maestre Abogados, profundizó en el tema con un análisis titulado ‘El affaire Cloudflare’. En él explica que el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) permite a los titulares de derechos solicitar medidas cautelares urgentes contra intermediarios que faciliten infracciones sin necesidad de probar que el intermediario también es infractor.

LaLiga «demanda» a las operadoras. Los artículos 138 y 139 de la LPI permiten a los titulares de derechos demandar directamente a los proveedores de servicios (operadoras) en vez de a los infractores directos. Según Maestre, la situación se presenta de la siguiente manera:

«Con este mecanismo, todos se protegen mutuamente:

Los demandantes: Solo pedimos las medidas; es el juez quien las acuerda.

El juez: Recibo una solicitud, la parte demandada se allana. Tengo que conceder lo solicitado.

El operador: Tengo que obedecer al juez».

Vulneración de la libertad de expresión. Maestre señala que estos cierres se ejecutan sin dar a los afectados la oportunidad de defenderse, lo que constituye una clara violación de la libertad de expresión e información (art. 20 de la Constitución) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución). Las partes realmente afectadas están excluidas del litigio.

Pero no debería aplicarse en este caso. Aunque estas medidas se destinan a casos urgentes, la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 interpretó que pueden aplicarse más allá de este ámbito. La sentencia estableció la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra intermediarios, sin exigir que estos sean infractores.

¿Y las evidencias?. En una sentencia de dudosa constitucionalidad, se habla repetidamente de «medidas cautelares urgentes». Sin embargo, la Audiencia sí estipuló la necesidad de constatar la existencia de infracción. En el caso de Cloudflare, las acciones se basaron en un informe técnico no contrastado, aplicándose sin que los afectados puedan defenderse.

Demandantes y demandados en connivencia. Maestre argumenta que demandantes (LaLiga) y demandados (operadoras como Movistar) colaboran en el proceso judicial para restringir servicios sin que los afectados puedan defenderse. Sentencias previas se escudan en que los supuestos infractores no podían ser «identificados ni localizados», pero en este caso «Cloudflare está perfectamente identificada».

Pero hay daños a terceros. Maestre subraya que no se ha considerado el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que rechaza el allanamiento si perjudica a terceros no demandados. Muchos afectados, tanto empresas como particulares, no han sido demandados, pero las medidas se han aplicado de todos modos.

Derechos fundamentales violados. Todo esto indica una posible violación de principios legales fundamentales, incluido el artículo 24 de la Constitución española, que garantiza el derecho a ser oído y a defenderse en un proceso judicial. La legislación española exige notificar las resoluciones judiciales a las partes involucradas y a quienes podrían verse afectados. Según Maestre, esta obligación ha sido ignorada.

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