A través de sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele compartió un análisis histórico sobre los problemas que enfrenta la cooperativa El Bosque, la cual está inmersa en un juicio civil mercantil. El mandatario también mencionó lo que considera «estafas» realizadas por dos exalcaldes de Santa Tecla.
«Todo se remonta a 1985, cuando el ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria) adjudicó 384 manzanas a la cooperativa El Bosque en Santa Tecla. El objetivo era favorecer a 300 familias campesinas, pero las deudas acumuladas y un sistema anticuado complicaron las cosas», comentó Bukele.
Prosiguió afirmando: «En los años noventa, la cooperativa contrajo un préstamo de $366,613.54 con el Banco AgrÃcola para cultivar café. Sin embargo, en 1998, una plaga y la caÃda de los precios del café afectaron la cosecha, lo que imposibilitó el pago y empeoró la situación».
Relató que en 2003, buscando una solución, el banco convocó a las familias a una reunión, donde conocieron a Luis Palomo de L.M. Lotificaciones (posteriormente Proyin). Palomo les propuso una solución técnica que incluÃa medición, lotificación, venta de tierras y pago.
La cooperativa y la sociedad de Palomo firmaron un contrato formal para estos servicios, estableciendo que parte del pago serÃa en efectivo y el resto se saldarÃa mediante el traspaso de tierras.
Bukele explicó que en 2007 una nueva directiva de la cooperativa suspendió los servicios de Palomo, ya que estaban en trato con el FMLN para pagar al banco. Palomo advirtió a la directiva que si no le pagaban, procederÃa legalmente.
En 2008, Proyin demandó a la cooperativa, reclamando $131,342 en capital, un 12% de interés anual desde 2008, 3% de interés moratorio mensual y costas procesales. «El acuerdo técnico se convirtió en una condena judicial», expresó el presidente.
Estafas de dos exalcaldes
Bukele destacó que en 2013, bajo el gobierno de Óscar Ortiz, la AlcaldÃa de Santa Tecla ofreció un arreglo a las familias de la cooperativa, firmando un convenio para pagar la deuda con Banco AgrÃcola a cambio de 130 manzanas de terreno.
El presidente calificó esto de «negociazo», ya que la alcaldÃa recibirÃa 130 manzanas a cambio de poco más de $350,000.
La alcaldÃa saldó la deuda en octubre de 2013, pero el asunto con Proyin quedó pendiente, y la tierra no se escrituró adecuadamente, agregó Bukele.
En 2017, bajo la administración de Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, la alcaldÃa amplió el acuerdo para obtener más tierras debido a demoras en el traspaso.
El 11 de diciembre de 2017, la cooperativa transfirió 197.07 manzanas, superando el acuerdo original de 130 manzanas sin que la alcaldÃa pagara más por estas 67.07 manzanas adicionales, señaló el presidente.
Esto dejó a la alcaldÃa de Santa Tecla con el 51.4% de las tierras, mientras que las familias luchaban por conservar el 48.6% restante.
Bukele cuestionó el por qué la alcaldÃa del FMLN compró las tierras a un precio tan bajo y por qué la directiva accedió a entregar más tierras de lo pactado sin compensación.
El desenlace del juicio civil mercantil
En 2018, el juicio con Proyin culminó con una sentencia firme del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla contra la cooperativa, ordenando el pago de $131,342 en capital, intereses acumulados y costas judiciales, autorizando remate de bienes en caso de no cumplir.
En 2020, la FiscalÃa General de la República inició un proceso penal por estafa contra Luis Palomo, quien fue absuelto en 2022 tras demostrar un contrato válido.
Según Bukele, la cooperativa terminó perdiendo sus tierras, con un juicio que amenazó con despojar del total sobrante a las familias.
El presidente finalizó señalando la necesidad de mejorar las condiciones para el acceso a la vivienda en El Salvador, más allá de quienes «gritan más fuerte».
La actualidad del caso
Al llegar al 12 de mayo de este año, Bukele comentó que algunas organizaciones polÃticas, disfrazadas de ONGs, instigaron protestas en nombre de la comunidad.
El mandatario puntualizó que el Gobierno no tiene la culpa de la situación. Para enfrentar el problema, propuso instaurar un impuesto a las ONGs que permita amortizar las deudas de la cooperativa, cumpliendo asà con su compromiso de apoyar a las personas.
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