El presidente Donald Trump ha decidido revocar el estatus temporal conocido como «parole» humanitario, afectando a 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que residen en Estados Unidos. Esta decisión fue anunciada el viernes a través del Registro Federal, marcando un nuevo capítulo en su política migratoria restrictiva.
Esta medida reduce el período de dos años de «parole» otorgado bajo el mandato del presidente Joe Biden, lo cual permitía a los migrantes ingresar al país por vía aérea siempre que contaran con patrocinadores estadounidenses.
Desde su llegada al poder, Trump ha implementado políticas más estrictas en materia de inmigración, incluyendo un enfoque agresivo para deportar a un número récord de inmigrantes ilegales. Según Trump, los programas de libertad condicional implementados por su predecesor excedían los límites legales federales, un argumento que sustentó en una orden ejecutiva emitida el 20 de enero.
El 6 de marzo, Trump anunció que evaluaría “muy pronto” la posibilidad de revocar el estatus de «parole» para aproximadamente 240,000 ucranianos que han ingresado a Estados Unidos debido al conflicto con Rusia. Estas declaraciones respondieron a un informe de Reuters que sugería la intención de su administración de revertir este estatus tan pronto como en abril.
El ex presidente Biden, por su parte, puso en marcha un programa de entrada en libertad condicional para venezolanos en 2022, expandiéndolo a cubanos, haitianos y nicaragüenses en 2023, en respuesta a los crecientes niveles de inmigración ilegal. Las relaciones diplomáticas con estos países han sido difíciles.
Estas nuevas vías legales fueron parte del esfuerzo de Biden para afrontar los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México.
La revocación del estatus legal por parte de la administración Trump podría dejar a muchos migrantes en riesgo de deportación si deciden permanecer en Estados Unidos. Aún queda por aclarar cuántos de estos migrantes han conseguido otras formas de protección o estatus legal.
Simultáneamente, Venezuela y Estados Unidos, que no han mantenido lazos diplomáticos desde 2019, acordaron la semana pasada retomar los vuelos de deportación. Esta decisión llegó después de que Washington suspendiera una licencia para que Chevron operara en Venezuela, en respuesta al ritmo lento de repatriaciones.
“Maduro debe dejar de engañar y programar vuelos de repatriación consistentes y semanales”, publicó el Departamento de Estado de EE.UU. en X, tras las declaraciones de Marco Rubio sobre posibles sanciones adicionales.
Según Naciones Unidas, cerca de 8 millones de venezolanos han emigrado desde 2014 en busca de mejores condiciones ante la crisis económica del país que redujo su economía en un 80%. A pesar de ello, Nicolás Maduro ha minimizado el impacto de la diáspora venezolana.
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