Una Orden Ejecutiva Autoriza a Elon Musk Despedir Empleados Federales desde DOGE

Con Donald Trump recién investido presidente y bajo la mirada de su flamante Guardia Pretoriana, compuesta por los más poderosos del planeta, no tardó en estampar su firma en una serie de decretos iniciales.

De prioridad fue la fundación de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que estará bajo la dirección de Elon Musk. Asimismo, se modificó el estatus de los trabajadores federales, otorgando a Musk la capacidad de despedirlos según su criterio.

Despidos de funcionarios de carrera. Uno de los aspectos más controvertidos de la orden ejecutiva firmada por Trump tras asumir el cargo radica en cambiar el estatus de los funcionarios de carrera, quienes se encargan de aplicar la normativa independientemente del inquilino de la Casa Blanca.

Estos funcionarios gozaban de una protección adicional estipulada en el Anexo F (Schedule F) para asegurar su independencia. La nueva orden ejecutiva de Trump elimina dicha protección, permitiendo su despido si no acatan las directrices de sus superiores. Esta medida respondía a una demanda formulada en el Proyecto 2025 promovido por el sector más radical del Partido Republicano, que Trump negó durante su campaña, pero adoptó tras su elección.

Sólo funcionarios leales. En otro segmento de esta orden ejecutiva, se establece que, «Dado que los funcionarios del SES ejecutan una autoridad gubernamental significativa, deben actuar según la voluntad del presidente», enfatizando el papel presidencial y modificando diversas secciones del Anexo F. «El incumplimiento será motivo de despido», dicta la orden.

Scott Michelman, director legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Distrito de Columbia, afirmó en un comunicado que «La orden ejecutiva sobre la fuerza laboral federal es un intento de Trump por aumentar su autoridad para despedir empleados que considera insuficientemente leales».

Michelman sostiene que, «durante la administración anterior de Trump, se encontró con trabajadores federales que seguían la ley en lugar de sus órdenes arbitrarias. Los trabajadores federales no deberían ser despedidos por ser más leales a la Constitución de EE. UU. que al presidente. Esto representa una amenaza tanto para nuestros valores constitucionales como para el estado de derecho». «El verdadero fin de la orden es dirigirse contra los trabajadores por su deslealtad real o percibida hacia el presidente y sus agendas políticas», concluye Michelman.

El pretexto de la eficiencia. Otro punto polémico de esta orden ejecutiva impone que todos los funcionarios y los 2,3 millones de empleados civiles federales deberán ser evaluados por la eficiencia en su desempeño, y podrían ser despedidos si no cumplen con los estándares esperados. No obstante, la orden prohíbe «ciertas acciones de personal» y las «acciones basadas en la afiliación partidista del empleado, otras características protegidas o su condición de denunciante».

Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, expresó a CNN: «La orden del presidente Trump es un intento manifiesto de corromper el gobierno federal eliminando los derechos de los empleados al debido proceso, permitiendo así sus despidos por razones políticas. Esto eliminaría cientos de miles de trabajos federales del servicio civil profesional no partidista, haciéndolos susceptibles a la voluntad de un solo hombre».

Congelación de contrataciones y fin del teletrabajo. Ante la reestructuración masiva que se avecina en la administración federal de EE.UU., la orden ejecutiva firmada por Trump tras asumir el cargo cancela indefinidamente cualquier proceso de contratación en la administración.

Igualmente, esta orden insta a que todos los empleados federales se presenten en sus oficinas, invalidando todos los acuerdos de teletrabajo. La única excepción aplicaría si, como sucedió en algunas oficinas de Amazon, las instalaciones no pueden acomodar a todos. En tal caso, se prevé que «siempre que los jefes de departamento y agencia lo consideren necesario, puedan otorgar exenciones», lo que permitiría enviar a algunos funcionarios de vuelta a casa.

Datos proporcionados por fuentes cercanas al nuevo gobierno indican que solo el 6% de los empleados públicos trabaja desde las oficinas de sus agencias. Sin embargo, un informe del Congreso de EE.UU. muestra que la cifra es considerablemente mayor, superando el 54%, mientras que solo el 10% de los funcionarios civiles trabaja de forma totalmente remota.

Imagen | Flickr (Gage Skidmore, Gobierno de India)