Restricción de compras inmobiliarias a extranjeros en Australia

Australia ha implementado una estrategia para enfrentar, o al menos aliviar, su prolongada crisis de vivienda: endurecer las condiciones para que los inversores extranjeros accedan a su mercado inmobiliario. Esta medida afecta tanto a aquellos que buscan adquirir terrenos como a los interesados en viviendas ya construidas. Aunque genera cierta inquietud en países como India, de donde proviene una significativa comunidad inmigrante en Australia, esta iniciativa despierta interés por su enfoque y metas en otras regiones más allá de Oceanía y Asia.

Vale destacar que Australia no es el único país que enfrenta un desafío de vivienda y tampoco es el pionero en considerar restricciones a compradores extranjeros. En España, por ejemplo, se está discutiendo la posibilidad de limitar estas adquisiciones a inversores que no pertenezcan a la Unión Europea, e incluso en Barcelona se está considerando extender esta restricción a ciudadanos comunitarios que no planean establecerse en la ciudad.

¿Qué medidas se han tomado? Recientemente, Australia ha decidido implementar «medidas drásticas» para controlar la compra de propiedades por parte de extranjeros, según el gobierno. Con las elecciones parlamentarias a la vuelta de la esquina y la vivienda como una de las principales preocupaciones nacionales, el gobierno de Anthony Albanese lanzó un plan «rotundo» para evitar que las compras extranjeras agraven aún más la situación del acceso a la vivienda para los australianos.

El plan se sustenta en dos acciones clave: restringir o incluso prohibir las compras externas al país.

¿Cuál es la propuesta específicamente? La propuesta implica que los inversores extranjeros no estén autorizados a comprar viviendas en Australia, aunque la normativa incluye algunas especificaciones importantes. Se centra principalmente en edificios preexistentes, no en nuevas construcciones, y estará vigente solo por dos años, del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2027. Sin embargo, las autoridades australianas ya han indicado que evaluarán la posibilidad de extenderla en su momento.

«Hasta ahora, los inversores tenían restricciones para comprar propiedades existentes, salvo en ciertas condiciones, como establecerse para trabajar o estudiar», detalla un comunicado del departamento liderado por Clare O’Neil, ministra de Vivienda. «A partir del próximo 1 de abril, ya no podrán adquirir propiedades ya existentes en Australia, salvo excepciones específicas».

¿Existen excepciones? Para clarificar el alcance de la medida, el gobierno australiano señala que la prohibición también incluye a residentes temporales y empresas extranjeras. Esta decisión ha generado inquietud en India, país donde muchos jóvenes emigran a Australia con propósitos educativos y laborales.

El departamento de O’Neil menciona que sí hay algunas excepciones, pero limitadas y enfocadas a casos específicos: las inversiones que «amplíen significativamente» el parque de viviendas o faciliten su disponibilidad para los propios australianos.

¿Es esta la única medida? No, el gobierno de Albanese también ha anunciado que reforzará los controles sobre el cumplimiento de la normativa y prestará especial atención al «acaparamiento de tierras» por manos extranjeras.

El ejecutivo asegura que están «tomando medidas severas» contra la adquisición de terrenos por inversores extranjeros con el fin de liberar espacio y construir más viviendas rápidamente. Además, están «esforzándose» para «identificar» a aquellos que compran terrenos vacíos, los desarrollan mientras hacen subir los precios y luego los venden.

¿Cuál es el trasfondo de la medida? Las autoridades destacan que esta actividad incumple las normas y retrasa el desarrollo de urbanizaciones esencialmente necesarias, y destacan su inversión en auditar y detectar este tipo de prácticas en el sector.

«Los inversores extranjeros que ya hayan adquirido o busquen adquirir terrenos vacíos, ya sean residenciales o no, estarán sujetos a una supervisión más estricta para asegurar que cumplan con las condiciones de desarrollo».

¿Qué se busca con esta medida? El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para los australianos y asegurar que la inversión extranjera en el sector inmobiliario beneficie al «interés nacional». «La prohibición permitirá a más australianos adquirir casas que de otro modo habrían sido compradas por inversores extranjeros», afirman desde el Ministerio de Vivienda, enfatizando su intención de aliviar la presión en el mercado inmobiliario mientras se avanza en la construcción de más viviendas.

Pero… ¿Será efectiva? Esa es la gran incógnita. Las autoridades esperan que la medida permita liberar alrededor de 1.800 propiedades anualmente para compradores locales. Sin embargo, The Telegraph cita expertos que estiman que la nueva política cubrirá menos del 0,4% del mercado inmobiliario. En 2022, hubo 5.360 compras de inmuebles residenciales por parte de inversores extranjeros y solo una pequeña fracción (un tercio) eran viviendas ya existentes.

¿Por qué es tan preocupante el tema? Para entender el plan del gobierno de Albanese, es esencial considerar tanto sus detalles como el contexto. Por un lado, la política se anuncia en un entorno preelectoral y en un contexto donde la vivienda es una preocupación central para los australianos. Por el otro, el país está enfrentando un complejo escenario residencial, caracterizado por el aumento de precios, el desajuste entre la oferta y la demanda, las dificultades para acceder a un hogar y la reducción de la inversión en vivienda social.

Al cierre de 2024, los precios de la vivienda habían mostrado una leve caída del 0,1%, pero desde el sector se afirman que probablemente sea una disminución «superficial y de corta duración». De hecho, estudios sugieren lo contrario. La primavera pasada, un sondeo de Reuters entre analistas indicaba que es probable que el aumento de precios continúe hasta 2026.

Imágenes | Pat Whelen (Unsplash)